SALA DE CASACIÓN CIVIL 
Ponencia del Magistrado ANTONIO
RAMÍREZ JIMÉNEZ.
En el juicio por desocupación iniciado por el ciudadano JOSE ANTONIO RICO GÓMEZ, representado
por los abogados Ernersto Weil H., Betty Lapco T., Manuel José García Tamayo y
Luis Santiago Robaina, contra la sociedad de comercio CALZADOS PUGIL, C.A., representada por los abogados Alberto Miliani
Balza, José Ramón González, Lidubi Caruso de González y Linozka González
Caruso; el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en
apelación, dictó sentencia el día 13 de mayo de 1999, en la cual declaró con
lugar la demanda y sin lugar la apelación ejercida por la parte demandada.
Contra
este fallo de Alzada la parte demandada anunció recurso de casación, el cual,
una vez admitido, fue oportunamente formalizado e impugnado. No hubo réplica.
Cumplidos
los trámites de sustanciación, siendo la oportunidad para decidir, lo hace esta
Sala, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente
fallo, previas las siguientes consideraciones:
RECURSO POR DEFECTO DE
ACTIVIDAD
- I -
De
conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento
Civil, se denuncia infracción de los artículos 15, 206 y 212 del mismo Código,
por considerar el formalizante que no se le dio el debido análisis a dichas
disposiciones legales.
Sostiene
el formalizante que la recurrida, al momento de condenarla a desocupar los inmuebles
dados en arrendamiento por falta de pago de las pensiones, no tomó en consideración aspectos
fundamentales de la relación bilateral arrendaticia, pues el arrendador privó
al arrendatario del uso de los inmuebles y se negó a recibir los cànones, por otra parte, las decisiones de la
Dirección de Inquilinato deben ser notificadas para que surtan sus efectos y al
ser una materia de orden público, no le era dable a las partes establecer la
posibilidad de que el canon de arrendamiento variara de acuerdo a tales
resoluciones, sin la notificación de las mismas a las partes.
En
efecto, en la denuncia que se examina, el formalizante sostuvo lo siguiente:
“En
este fallo el Sentenciador no tomó en consideración aspectos fundamentales de
la relación bilateral arrendaticia como son los siguientes:
PRIMERO:
El Arrendador PRIVO a mi representada del USO, GOCE Y DISFRUTE de los locales
arrendados como se patentizó en diferentes escritos ante el Tribunal de la
Causa y se reiteró en el Juzgado Superior, luego el arrendatario no se
encontraba en posesión de la cosa arrendada cuando se le demandó. No apreció la
recurrida que la parte actora no mantuvo a mi representada en el goce pacífico
de la cosa arrendada durante el tiempo de duración del contrato. Tal como consta
de Inspección Judicial practicada por el Juzgado Cuarto de Municipio la cual
fué (Sic) consignada en la oportunidad legal correspondiente.
SEGUNDO:
Ante la negativa del Arrendador de recibir los canones (Sic) de Arrendamiento
estipulados en el Contrato, mi representada
procedió a efectuar las consignaciones arrendaticias como consta en el
Expediente signado en el número 96-1863
de la nomenclatura que lleva el Juzgado Segundo de Parroquia de la
Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Luego no hubo
incumplimiento de su obligación como Arrendataria por cuanto de esas
consignaciones fue participado el Arrendador, sin que éste acudiera a
impugnarla, luego el Tribunal de la causa debió pronunciarse acerca de si la
consignación fué (Sic) o no
legitimamente efectuada y al no hacerlo la recurrida debió observar y
declarar la existencia de tal defecto.
TERCERO:
Las decisiones de la Dirección de Inquilinato deben ser notificadas
personalmente a las partes interesadas y cuando no se pueda efectuar
personalmente debe hacerse mediante un simple aviso en uno0 de los periódicos
de la localidad OBLIGACION
INPRETERMITIBLE, que no fuera observada por las dos Instancias.
CUARTO:
No tomó en cuenta que las disposiciones de la Regulación de Alquileres son de
Orden Público, en consecuencia las Cláusulas del Contrato de Arrendamiento
deben ceñirse a lo previsto en la Ley de Regulación de Alquileres y su
Reglamento; es por ello que es inaplicable la cláusula que expresa que en caso
que durante la vigencia de este contrato la cantidad fijada como canon de
arrendamiento fuere modificada por el Organismo Competente conforme a la Ley,
la Arrendataria quedará obligada a pagar el nuevo canon de arrendamiento sin
necesidad de notificación por parte del Arrendador” (Sic). Allí se está
violentando una norma de Orden Público la cual si no fue (Sic) observada por mi
representada no debe atribuirse las consecuencias señaladas ya que la
obligación de la notificación es ajena a la voluntad de las partes.
A la
luz de estas inobservaciones paso a señalar las normas procesales
infringidas.
Artículo
15 del Código de Procedimiento Civil “Los Jueces garantizarán el derecho de
defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades privativos de
ella (Sic), sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una,
las mantendrán respectivamente, según
lo acuerde la Ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni
permitirse ellos extralimitaciones de ningún género”.
La
imposición hecha al Arrendatario de pagar la cantidad fijada por la Dirección
de Inquilinato de manera inmediata sin necesidad de notificación por parte del
Arrendador desvirtúa el fin manifiesto de protección al inquilino, dado que lo
obliga inevitablemente a aceptarles incrementos, pués (Sic) de no hacerlo debe
soportar las consecuencias de un incumplimiento a los solos intereses del
arrendador; es una irregularidad que debió corregir la recurrida que da lugar a
la presente denuncia por error in procedendo.
ARTICULO
206 del Código de Procedimiento Civil “Los Jueces procurarán la estabilidad de
los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto
procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la
ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a
su validez.
En
ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual
estaba destinado”.
En el
presente caso se ha dejado de cumplir con la obligación de notificar personalmente
a los inquilinos la Resolución Nro. 3135, ni se acudió a hacer en su defecto,
el aviso en un periódico de la localidad que da lugar a la presente denuncia
por error in procedendo.
Artículo
212 del Código de Procedimiento Civil. “No podrán decretarse ni la nulidad de
un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto
irrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de
leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aún con el consentimiento
expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no
hubiere concurrido al proceso (Sic), después de haber sido citado, de modo que
pudiese pedir la nulidad.”
En el
presente caso se evidencia el quebrantamiento de una Ley de Orden Público, como es la Ley de Regulación de Alquileres,
cuyas disposiciones no están sujetas a
ser objeto de cambio por arbitro (Sic) de una sola de las partes ni siquiera
por consentimiento expreso de las partes.
Ciudadanos
Magistrados, como puede observarse de los argumentos de derecho que he
explanado, solicito respetuosamente que previo el examen de las infracciones
que he denunciado, sean declaradas con lugar las denuncias formuladas por error
in procedendo.” (Sic)
La
Sala, para decidir, observa:
El
ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, contempla la
procedencia del recurso de casación cuando en el proceso se hayan quebrantado u
omitido formas sustanciales que menoscaben el derecho a la defensa y, cuando en
la sentencia no se hubieren cumplido los requisitos exigidos en el artículo 243
o cuando adoleciere de los vicios indicados en el artículo 244, ambos del mismo
Código.
En
el presente caso, el formalizante, a pesar de encuadrar su denuncia en el
ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, no denuncia
vicio alguno en la sentencia ni el quebrantamiento u omisión de alguna forma
sustancial del proceso que haya provocado el menoscabo del derecho a la
defensa, no obstante haber denunciado el artículo 15 del mismo Código.
En
reiterada y pacìfica doctrina, esta Sala ha establecido, enb aplicación de lo
preceptuado en el artìculo 317 del Código de Procedimiento Civil, los
requisitos que debe cumplir el escrito de formalizaciòn, a find e cumplir la
necesaria técnica casacionista, a saber:
“a) Explicación de cuál ha sido la forma quebrantada
u omitida y si lo ha sido por el Juez de la causa o el de la alzada.
b) Indicar cómo con tal quebrantamiento u omisión de
las formas se lesionó el derecho de defensa o se lesionó el orden público,
según el caso, o ambos.
c) Si el
quebrantamiento u omisión de las formas que menoscabó el derecho de defensa o
lesionó el orden público lo ha sido por el Juez de la causa, denunciar la
infracción del artículo 208, la norma expresa contenida en la disposición
general del artículo 15 vigente Código de Procedimiento Civil y los
particulares que acarrean el menoscabo del derecho de defensa, o las que
establecen el orden público, las cuales resultan las realmente infringidas por
la recurrida, al no decretarse en ella la nulidad o la reposición cuando la
omisión o quebrantamiento de las formas que menoscaban el derecho de defensa o
el orden público, lo lesiona el Tribunal de la causa.
d) Si el quebrantamiento u omisión de las formas que
menoscabó el derecho de defensa o lesionó el orden público lo ha sido por el
Tribunal de la alzada, además de la infracción de la norma expresa contenida en
la disposición general del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil
vigente, deben denunciarse como infringidas las particulares referentes al
quebrantamiento u omisión de las formas que menoscaban el derecho de defensa o
las que establecen el orden público que ha sido lesionado por el propio Juez de
la recurrida.
e) La explicación a la Sala que, con respecto a
dichos quebrantamientos u omisiones de formas o lesiones al orden público, se
agotaron todos los recursos”.
Si bien
la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela atempera los formalismos procesales, de manera tal que no sacrifiquen
la obtención de la justicia. Cuando se dice que la Constitución atempera la
rigidez de los formalismos procesales, debe concluirse argumentando que aun
asì, existen requisitos que deben seguir siendo observados. En el caso de
autos, se evidencia que el formalizante no cumplió con la técnica requerida
para denunciar en casación el menoscabo del derecho a la defensa, pues no
señala cual fue la forma procesal quebrantada u omitida, ni en qué forma se le
menoscabó su derecho a la defensa, ni señaló si la falta era imputable al a quo o al ad quem. Por el contrario, erradamente pretende que al abrigo de
una denuncia de forma, la Sala extienda su examen al estudio de las críticas
que formula contra las conclusiones de la recurrida.
En
consecuencia, se desecha la presente denuncia por falta de técnica.
-II-
De
conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento
Civil, se denuncia infracción del artículo 208 eiusdem, asì como del artìculo
1º, en su literal A, del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas.
Sostiene
el formalizante que el contrato de arrendamiento que vincula a las partes en el
presente juicio, en lo que respecta a su duración, es a tiempo determinado, lo
que hace improcedente la instauración de un procedimiento judicial con
fundamento en el literal A del artículo 1º del Decreto Legislativo sobre
Desalojo de Viviendas, que sólo le es aplicable aquellos sin determinación de
tiempo.
Alega
el formalizante que la recurrida ha debido advertir tal situación y reponer la
causa al estado de nueva admisión, pues se quebrantaron normas procesales que,
como tales, son de orden público.
La
Sala para decidir, observa:
A
pesar de que el formalizante omitió denunciar el artículo 15 del Código de
Procedimiento Civil, la Sala entra al examen de la presente denuncia y, al
efecto, observa que en ella se cuestiona por primera vez la pertinencia del
procedimiento escogido por el actor y admitido por los jueces de instancia para
la sustanciación de la presente controversia.
Si
el formalizante dudaba de la procedencia del procedimiento instaurado por la
actora, ha debido proponer oportunamente la correspondiente cuestión previa
contenida en el ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil,
o, en todo caso, hacer valer tal alegato en las instancias. Aunado a lo
anterior, el formalizante omitió señalar en qué forma se le dejó en estado de
indefensión con ocasión del vicio que afirma, lo que impide a la Sala
determinar la utilidad de la reposición que reclama.
Finalmente,
debe señalarse que la parte actora, en su libelo de demanda, alegó que el
contrato de arrendamiento por el que reclamó la desocupación, era,
precisamente, a tiempo indeterminado, por lo que correspondía a la instancia el
establecimiento sobre la naturaleza del contrato, lo que no podría ser
examinado por la Sala con ocasión de una denuncia de forma como la que se ha
propuesto.
Por
otra parte, pero tomando en cuenta lo precedentemente indicado, la Sala considera
que, conforme al literal “a” del derogado Decreto Legislativo sobre Desalojo de
Viviendas, cuando se demande la desocupación de un inmueble, cuyo contrato de
arrendamiento sea a tiempo indeterminado, debe seguirse el procedimiento allí
establecido, tal cual lo hizo el a quo, por lo que no se produjo la
infracción denunciada.
En
consecuencia, se declara improcedente la presente denuncia.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE
LEY
ÚNICO
De
conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil,
se denuncia, por errónea interpretación, la infracción del artículo 1º, literal
A, del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas.
Sostiene
el formalizante, lo siguiente:
“De conformidad con el Ordinal 2º del artículo 313
del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la violación del Artículo (Sic)
1 en su ordinal a), por errónea interpretación, en efecto el ya comentado texto
del Artículo (Sic), en el caso planteado se trata de un contrato de
arrendamiento a tiempo determinado, luego la insolvencia o falta de pago de los
canones (sic) arrendaticios no conduce a intentar la acción de Desocupación
como erroneamente (sic) se decidieran en las dos instancias del proceso; por
cuanto el actor ha debido demandar la Resolución del Contrato por Insolvencia,
en consecuencia el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil autoriza al
Juez de Alzada que conozca en grado de la causa a decretar la nulidad de lo
actuado, declarar sin lugar la acción intentada u ordenar la reposición de la
causa, por que (sic) el problema de fondo era el de calificar la acción, o sea
dar a la misma la cualidad que realmente tiene a la luz de la ley o conforme a
Derecho; y es esta una facultad de los jueces, dado que al actor no le está
permitido escoger la acción, porque ello equivaldría a darle potestad para
seleccionar la vía que más le conviene a sus intereses. En un todo acorde con
lo señalado, para resolver la cuestión planteada, el Juez de la causa debió
previamente calificar el contrato de arrendamiento a objeto de establecer si se
está en presencia de un contrato de arrendamiento por tiempo indeterminado o
por el contrario corresponde a uno de tiempo determinado, sólo así podía saber
con exactitud, que tipo de acción debe aplicarse al caso en concreto en
consecuencia de ser el Contrato de Arrendamiento por tiempo determinado no era
procedente la acción de desocupación propuesta; y al subir en apelación la
Sentencia del A-Quo en conocimiento del Juzgado Superior Cuarto Civil (sic),
Mercantil y del Tránsito debió el Sentenciador decretar la nulidad de lo
actuado o declarar sin lugar la acción propuesta.
A la luz de las razones expuestas solicito que
previo el análisis correspondiente se declare procedente la denuncia indicada
por Error In Iudicando”.
La Sala,
para decidir observa:
La
formalización del recurso, como se ha establecido en numerosos fallos, es carga
procesal que la ley impone al recurrente, según lo previsto en el artículo 317
del Código de Procedimiento Civil.
En tal
sentido ha sido jurisprudencia pacífica y reiterada, acogida por el legislador
en la norma antes señalada, que el recurrente debe, además de indicar la
sentencia contra la cual se recurre, y de expresar el motivo de casación en que
se sustenta cada denuncia, citar el artículo o los artículos que se pretenden
infringidos; especificar y razonar los fundamentos de la denuncia, explicando
cuándo, dónde y cómo fueron violados dichos artículos, y mencionar los
argumentos de la recurrida que se consideran violatorios de la disposición
denunciada; todo ello con la finalidad de demostrar a los jueces del Alto
Tribunal la contradicción existente entre la voluntad abstracta de ley y la
conducta concreta del Juez expresada en la sentencia impugnada.
En el
caso bajo decisión, si bien el formalizante señala que la recurrida incurrió en
el vicio de error de interpretación de una concreta disposición legal,
encuadrando su imputación en uno de los casos del ordinal 2º del artículo 313
del Código de Procedimiento Civil, omite demostrar a la Sala cual fue la
interpretación hecha por la recurrida de la referida disposición legal y cual
sería la correcta para resolver la controversia, extremos necesarios para poder
analizar una denuncia como la propuesta.
Por otra
parte, el formalizante invoca el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil
y alude a la reposición no decretada, lo que en todo caso constituiría un error
de procedimiento, tan sólo denunciable al abrigo del ordinal 1º del artículo
313 del Código de Procedimiento Civil, no pudiendo mixturarse con una denuncia
de fondo como lo ha propuesto el formalizante.
La
denuncia que se examina, no cumple con los requisitos de técnica casacionista
establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, por tanto se
desecha por improcedente.
D E C I S I Ó N
Por
las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, declara SIN
LUGAR el recurso de casación anunciado en fecha 21 de mayo de 1999 contra
la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil,
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana
de Caracas, en fecha 13 de mayo de 1999, por la parte demandada, la sociedad de
comercio CALZADOS PUGIL, C.A.
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento
Civil, en concordancia con el artículo 274 del mismo Código, se condena al
recurrente al pago de las costas procesales.
Publíquese,
regístrese y remítase el expediente al Juzgado Octavo de Primera Instancia en
lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado de origen ya
mencionado.
Dada,
firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil
del Tribunal Supremo
de Justicia, en
Caracas, a los
diez (10) dìas del mes de agosto
de dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.
El
Presidente de la Sala,
_________________________
FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente y Ponente,
__________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
_______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
La
Secretaria,
________________
DILCIA QUEVEDO
RC Nº 99-550